El PE pidió la descontaminación de la ría de Huelva y recomendó nuevas evaluaciones "independientes" sobre el estado del suelo y el agua de la zona, y la realización de un estudio epidemiológico para aclarar si hay relación entre los altos índices de cáncer en la población y los vertidos tóxicos de empresas fertilizantes.
La batalla por la salubridad de la ría de Huelva empezó hace casi 10 años entre ecologistas y un PSOE, que, a pesar de haber tenido una consejera de Medio Ambiente y un portavoz parlamentario onubenses, no han resuelto nada. En el PP se baraja la idea de pedir una Comisión de Investigación sobre la gestión socialista del Medio Ambiente en Huelva.
La eurodiputada francesa Pascale Gruny presentó ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara un informe en el que se advierte de que, "aunque no estamos en posición de cuantificar con precisión el grado de riesgo, está claro que existe". La misión se desplazó a Huelvapara conocer de primera mano la versión de los ecologistas que denuncian el impacto medioambiental y los riesgos para la salud de los vertidos tóxicos de varias industrias de fertilizantes y los niveles radioactivos en el estuario de Huelva.
Greny lamentó especialmente la "falta de transparencia" y "falta de comunicación" entre las autoridades nacionales y regionales con los denunciantes, empresas implicadas y sociedad en general y apeló a la necesidad de que se reúnan con "expertos suficientemente objetivos".
Fertiberia, empresa no transparente
Se recalcó que las autoridades y la industria deben hacer todo lo posible porque "hay zonas que hay que limpiar" y pidió ala empresa de fertilizantes Fertiberia,"transparencia", al tiempo que subrayó la importancia de aplicar el principio de que "quien contamina, paga".
Representantes de la Plataforma de la Mesa de la Ría,y de la Asociación Mesa de la Ría,tomaron la palabrapara insistir en la necesidad de una descontaminación "profunda" que no se quede en una simple "solución paisajística"para "tapar" las balsas de fosfoyesos.
También reclamaron el apoyo de los eurodiputados para que los gobiernos nacional, autonómico y local impulsen estudios epidemiológicos que aclaren por qué los índices de enfermedades oncológicas, respiratorias y cardiovasculares superan en hasta "10 ó 15 veces" los registros en otras regiones.
Jiménez destacó la necesidad de "financiación de todas las administraciones" para recuperar el entorno y "crear mecanismos para no repetir los errores pasados".
Mientras, el eurodiputado socialista Luis Yáñez afirmó que Huelva "va por el buen camino" para revertir la situación de las últimas décadas y destacó que el "problema se está solucionando". También apuntó que en otros seis países de la UE existen empresas fertilizantes como la controlada en Huelva pero "ninguna" ha sido inspeccionada como ésta.
Willy Meyer incidió en que la contaminación de la ría de Huelva es una cuestión que "tanto los peticionarios como la sociedad civil y las propias autoridades españolas quieren resolver" y apeló a una mejor "coordinación" de las distintas administraciones para "determinar" la incidencia de los vertidos tóxicos en la salud de los ciudadanos y la "causalidad" de una alta tasa de enfermos de cáncer.
También destacó que los fosfoyesos "no son subproductos industriales", sino vertidos "tóxicos".
Y la presidenta de la Diputación, hablando de sostenibilidad.
La presidenta de la Diputación de Huelva,quiso dejar claro que "las empresas y la administración han asumido y se han comprometido con la cultura de la sostenibilidad" en Huelva y consideró "injusto" que se identifique esta provincia como una región "especialmente contaminada".
Guerrero admitió que hay situaciones "mejorables", pero aseguró que se trata de casos "puntuales" a los que "si no se ha dado solución aún, la tenemos prevista" y destacó que se han realizado ya "muchos estudios y análisis" y que Huelva ha demostrado estar "en condiciones de pasar los más rigurosos con éxito".
Los antecedentes.
la Comisión Europea (CE) exigió acabar con el vertido de fosfoyesos en la ría de Huelva. Bruselas dio dos meses al gobierno español para que ponga "orden" en la producción y tratamiento de los residuos industriales originados por la empresa Fertiberia, que lleva 40 años generando fosfoyesos -una especie de ceniza resultante de mezclar fósforo con ácido sulfúrico para producir abono-. Las autoridades españolas y las andaluzas lo han consentido, han preferido considerar los fosfoyesos como un "subproducto" por lo que no se ha aplicado la normativa europea sobre residuos en toda su extensión.
El comunicado de la oficina de la CEdijo con toda claridad: "Se enviará a España un apercibimiento final en relación con una infracción del derecho de la UE en materia de tratamiento y vertido de residuos industriales". Si en este plazo, no se recibe una respuesta satisfactoria, "podrán llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia".
En 2009, la Comisión Europea expedientó a España por permitir el depósito de residuos sólidos industriales en las Marismas del río Tinto, por parte de Fertiberia, sin las medidas de gestión necesarias para la protección del medio ambiente.
El expediente adoptó la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. En los últimos 40 años se han depositado en las marismas del río Tinto alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos de Fertiberia.
Los estados miembros están obligados a expedir permisos para prevenir y controlar la contaminación desde vertederos.
Las autoridades españolas afirmaron que el fosfoyeso es un subproducto industrial, y no un residuo. En consecuencia, los permisos que al final se concedieron permitían a la fábrica de fertilizantes seguir depositando el fosfoyeso en vertederos próximos a zonas pobladas sin cumplir las condiciones impuestas por la legislación comunitaria aplicable.
Las balsas de fosfoyesos,se encuentran en una extensión de 1.200 hectáreas, situada a unos 500 metros de las viviendas, en plena ciudad de Huelva. "La naturaleza no es un basurero", señala el comisario de Medio Ambiente en la CE, Janez Potocnik, en la nota. Greenpeace y WWF denunciaron la situación ante la Comisión Europea en mayo de 2008.
Para más información pulsa Aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario